El Ideal Gallego Digital: Insisten en que hubo sanción por la instalación de cámaras de vigilancia

Las videocámaras ya retiradas del edificio administrativo del Ayuntamiento y de Ayudantía sí recibieron en su día una sanción motivada por una falta grave que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reflejó en una resolución del mes de abril de este mismo año.

Así lo quiso recordar la plataforma Movemento polos Dereitos Civís, que respondió a las declaraciones del alcalde en las que éste reconocía no haber recibido ninguna sanción por parte del organismo estatal y en las que negó, como sí acusó el colectivo, tener aún instalada ninguna cámara en los edificios municipales.

Por partes. En realidad, y en lo referente a la sanción, ninguno de los dos miente. No lo hace el alcalde, y por extensión el gobierno local, al decir que no recibieron sanción económica por la actividad de las cámaras, porque no la hubo. Tampoco falta a la verdad Movemento polos Dereitos Civís porque la sanción existió, aunque prácticamente podría hablarse de toque de atención más que otra cosa.

El motivo, como explicó el portavoz de la plataforma, Renato Núñez, es que la AEPD no puede imponer a las administraciones públicas una sanción económica que, en este caso, como recordó, estaría estipulada entre los 60.000 y los 300.000 euros.

“Se fora unha panadería seguro que tería que pagarlo”, aseguró Núñez, quien cree que el Ayuntamiento debería “dar gracias” por no tener que afrontar semejante infracción.

El hecho de que una empresa privada sí tenga la posibilidad de ser multada económicamente por Protección de Datos y las públicas no, es otro debate que no compete a ninguna de las dos partes que ahora discuten sobre las cámaras de Sada. No obstante, Movemento polos Dereitos Civís insiste en que se debería “preguntarlle aos comerciantes do concello que lles parece” este asunto.

Falta grave > La actuación del gobierno local colocando las cámaras en su edificio de la avenida da Mariña y en el de Ayudantía quedó recogida como “grave” por la AEPD al “utilizar el fichero de datos de carácter personal relativo al sistema de videovigilancia o grabación de imágenes, sin contar con la autorización de disposición general, publicada en el BOE y sin que dicho fichero hubiera sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos”.

Ante esto, y sin dinero de por medio -“es como un indulto”, señaló Núñez-, el gobierno municipal apagó las cámaras, un tiempo después las retiró y se cerró el asunto.