El Ideal Gallego Digital: El Ayuntamiento niega haber sido sancionado por las videocámaras

Un comunicado de la plataforma Movemento polos Dereitos Civís el pasado martes acusaba al gobierno local de Sada de mantener la instalación de una cámara de videovigilancia en dependencias municipales a pesar de haber recibido ya una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, para el Ayuntamiento, ni una cosa ni otra. Ni cámara en las sedes del consistorio o de Ayudantía, ni sanción de la entidad estatal.

Desde el gobierno local recuerdan que, tras ser instaladas dos cámaras en los mencionados edificios en 2007 -cuando llegaron al poder BNG y PSOE-, un año después se armó un “revuelo” que impidió que siguieran funcionando, por lo que se apagaron. Cierto es que, durante un tiempo, se dejaron puestas, pero desconectadas.

Movemento polos Dereitos Civís hace referencia en su comunicado a un anexo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) -en el informe del Ministerio del Interior no aparece la cámara de Sada- para asegurar que el Ayuntamiento fue sancionado.

Para el alcalde, Abel López Soto, estas afirmaciones son “mentira” y aseguró que fue el equipo de gobierno el que se encargó de retirar las cámaras y no la AEPD. Asimismo, el regidor defiende que se trataba de videocámaras que no necesitaban autorización porque no contenían ficheros.

Eso sí, admitió que tenían la posibilidad de grabar, aunque “o ficheiro estivo un día para ver como funcionaba”. Ese archivo quedó registrado en un ordenador al que tenía acceso un agente de la Policía Local. Después de aquello, que pudo originar la sanción de la que habla la plataforma, las cámaras, también ante las críticas de la oposición, se apagaron, como asegura el regidor, y se dejaron puestas “un tiempo”.

El pasado mes de marzo, cuando el gobierno local, a preguntas de los grupos de la oposición sobre la apertura de expediente por parte de Protección de Datos, señaló que no se le había impuesto ninguna sanción, se hablaba de una cantidad cercana a los 100.000 euros, algo que, al parecer y según el testimonio del propio alcalde, nunca se llegó a producir y que, hoy en día, es un tema que forma parte del pasado, a pesar de las aseveraciones de Movemento polos Dereitos Civís.

Aunque sólo sirvieran para observar lo que ocurría en las dependencias municipales, el alcalde no quiere saber nada de cámaras y no se volverán a instalar para evitar otro aluvión de críticas."