Recientes sentencias judiciales dictadas en Galiza apuntan un recorte de las libertades

Indymedia | Madrid



La pasada semana se hizo pública la sentencia a más de 14 años de cárcel a tres sindicalistas de la Confederación Intersindical Galega por participar en un piquete informativo en la pasada huelga general del 20-J en la ciudad de Lugo. A continuación reproducimos algo más de información sobre esta cuestión, y otras sentencias judiciales de este tipo que ponen en duda la imparcialidad del poder judicial...

El Movimento polos Direitos Civís (Movimiento por los Derechos Civiles), organización que viene denunciando la actual situación de recorte de libertades y derechos en Galiza, pondrá en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las recientes sentencias judiciales dictadas en Galiza.



Los diferentes criterios a la hora de dictar sentencia hace sospechar de la imparcialidad y de los criterios de los jueces, motivo por el que el MPDC cree necesaria la intervención del Consejo General del Poder Judicial.



Tres vecinos del barrio de Eixo (Santiago) con una impecable trayectoria social fueron condenados a 7 años de cárcel y 156.000 Euros de multas en base, unicamente, a las contradictorias declaraciones de miembros de la Policía Nacional; el delito cometido no fue otro que participar en una movilización para reinvidicar más seguridad vial en su barrio.



Tres sindicalistas condenados a varios años de cárcel y miles de euros en multas por estar presentes en un supuesto altercado acontecido en Lugo durante la jornada de Huelga del pasado 20 de Julio de 2002; la sentencia recoge una condena por atentado contra la autoridad cuando ninguno de los acusados agredió a ningún policía y se reconoce en la propia sentencia que las lesiones del policía denunciante existían con anterioridad a los hechos; estos sindicalistas también fueron condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, algo que no es cierto ya que no hubo coacción contra la trabajadora involucrada en el altercado.



Jóvenes de Santiago de Compostela son condenados a miles de euros en multas y arrestos por el simple hecho de pegar carteles o hacer murales.



Los trabajadores son considerados culpables de sus accidentes laborales que, en muchos casos, les ocasionan lesiones irreversibles o la muerte.



La Fiscalía abre diligencias informativas para acallar las críticas contra estas denuncias.



Por otro lado, no se considera delito que una empresa impida a sus trabajadores que se presenten por una determinada central sindical a las elecciones; ademáis el juez se justifica alegando que “no todo ataque al derecho fundamental a la libertad sindical consagrado constitucionalmente es necesariamente un delito”.



A dos guardias civiles que insultaron, golpearon y encañonaron a dos chicos por una infracción de tráfico se les condena solamente a seis meses de cárcel (no pisarán prisión).



La Fiscalía no investiga las denuncias contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, incluso cuando se formulan con varios testigos.



No se considera delito coaccionar a los ancianos/as para que voten en unas elecciones y tampoco que se pague con 210.000 Euros de dinero público, obras privadas.



Parece claro que no hay una imparcialidad en la actuación de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal.



Se busca atemorizar a aquellos ciudadanos y ciudanas que hacen valer sus derechos, tratando de evitar que se haga frente a las injusticias que sufrimos a menudo.



No hay una seguridad jurídica: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley te pueden encañonar con una pistola y no irán a la cárcel; un empresario te puede coaccionar para que no te presentes a las elecciones por un determinado sindicato y no estará cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores y un policía te puede llevar a la cárcel sin tener que demostrar que sus lesiones fueron ocasionadas por una acción tuya.



Que pódemos esperar de una justicia en estas condiciones. ¿Quién dice que vulneraciones de los derechos fundamentales son delitos y cuales non?



Es evidente la clara involución que está sufriendo el Estado de Derecho y la forma en la que se utiliza interesadamente la Constitución como base sagrada y indiscutible cuando se debaten determinados temas, pero que es vulnerada sin ningún tipo de rubor cando se tratan de derechos civiles.