La Agencia española de Protección de Datos iniciará un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por no comunicar al organismo la existencia de registros de grabaciones de imágenes procedentes de cámaras de videovigilancia. Según comunicó ayer el Movemento polos Dereitos Civís, la agencia concluyó, tras la investigación, que se había incurrido en una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El Movemento polos Dereitos Civís considera esta infracción “unha clara falta de respecto pola lei para a instalación duns dispositivos que non solucionaron nin os problemas xerados polo fenómeno do botellón nin os actos de vandalismo que se produciron nas zonas videocontroladas”.
Asimismo, recuerda que el Defensor del Pueblo también se pronunció sobre las decisiones del gobierno local, tachando de ilegal la instalación de cámaras de videovigilancia en la estación de autobuses de la ciudad y en el edificio de Urbanismo sin contar con la autorización previa necesaria.
La institución remitió hace unos meses a Enrique Múgica un escrito de queja sobre estas cámaras y ahora, asegura, se dirigirá de nuevo al Ayuntamiento para recordarle “o deber que lle incumbe de axustar a súa actuación á Lei Orgánica 4/97 de 4 de agosto, e cando considere necesaria a instalación de videocámaras non proceda ata obter a autorización do Goberno”.
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