O MpDC na Prensa - El Idela Gallego: Un colectivo cívico exige la retirada de las cámaras en antiguas zonas de botellón

La entidad Movemento polos Dereitos Civís acaba de dirigirse a la Delegación del Gobierno, al Valedor do Pobo y a su homólogo a nivel estatal, a la comisión de peticiones del Congreso y a la Agencia Española de Protección de Datos para preguntar por qué se siguen autorizando las cámaras de videovigilancia instaladas en A Coruña en las antiguas zonas de botellón, como la plaza del Humor.

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Una vez erradicadas las concentraciones de jóvenes en estos lugares y ante la constatación del descenso de actos vandálicos, a raíz de la creación de Zonas de Especial Protección (ZEP), para la organización está demostrado que los dispositivos incumplen los principios de idoneidad, pues fueron concebidas para acabar con el botellón, y proporcionalidad, ya que, entiende, existía “outro método menos dañino para os dereitos fundamentais e que permitía conseguir o mesmo fin”, como se demostró con las zonas ZEP.

Cronología > Asimismo, la asociación exige la retirada de estas cámaras, al denunciar que, a lo largo de su existencia desde 2004, se cometieron diversas irregularidades. De hecho, recuerda que no fue hasta un año después de su instalación cuando apareció la primera solicitud formal para utilizar los equipos para vigilar las áreas de botellón.
De igual manera, el Movemento polos Dereitos Civís asegura que, desde la autorización de la Delegación del Gobierno para la colocación de las cámaras, se siguió haciendo botellón en las zonas videovigiladas de manera habitual entre jueves y sábado. Recuerda, incluso, que en ese período se dieron situaciones de “gran peligrosidade”, como agresiones y disparos de la Policía Local, “sin que as cámaras serviran de elemento disuasivo da concentración de xóvenes”.
La entidad señala que el Ayuntamiento fue sancionado por la colocación irregular de estos dispositivos. “Sen embargo, este atrevimento non tivo ningunha repercusión na incidencia do botellón na zona, resultando inútil para a súa disminución”, manifestaron los responsables del colectivo, que denunciaron que, incluso así, la Delegación del Gobierno “seguiu dando varias autorizacións para as cámaras cada ano, obviando completamente os principios de idoneidade e proporcionalidade”.