Tres mil euros permitirían anular la videovigilancia en la zona vieja

En septiembre del 2008, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago condenaba a Raxoi a retirar las seis cámaras de videovigilancia repartidas por el casco histórico de la ciudad, que llevaban funcionando desde del año 1997. Aunque Raxoi aseguró en su momento que las cámaras funcionarían con total normalidad hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronunciase sobre el recurso que habían presentado, el juzgado compostelano ha ordenado la ejecución cautelar de la sentencia, pero con una condición: el Movemento polos Dereitos Civís deberá abonar 3.000 euros en concepto de caución. En el caso de que la ejecución cautelar de la sentencia provocase algún perjuicio, sería subsanado con esta fianza.

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