Delfín Fernández señaló que se solicitará una sanción a otros dos por convocar una concentración no legal
La Subdelegación precisa que se iniciaron los trámites para abrir los correspondientes expedientes sancionadores
La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra destacó ayer que exigirá responsabilidad penal a cinco de las personas que fueron identificadas el pasado mes durante la protesta llevada a cabo a las puertas del acuartelamiento de la Brilat debido a su oposición al perímetro de seguridad. Durante los incidentes registrados a la entrada de la base militar el 8 de diciembre resultaron heridas dos personas.
Eso quiere decir que en lugar de tramitar las propuestas de sanción por la vía administrativa y en busca de multas económicas, ahora cabe la posibilidad de que los procesados enfrenten penas de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad. <<Estamos dispuestos a aplicar con rigor las infracciones que se producen a la ley de reunión y manifestación, y no con criterios políticos sino con criterios jurídico-técnico>>, sostuvo el subdelegado, Delfín Fernández Álvarez.
Aunque no trascendieron las identidades de las personas implicadas, un día después de la concentración a las puertas del cuartel de Figueirido, las autoridades indicaron que cuatro de ellos estaban vinculados al movimiento independentista, alguno incluso había sido condenado por injurias al Ejército como consecuencia de un incidente ocurrido en junio de 2006 con tropas de la Brigada de Infantería Ligera.
Fernández Álvarez dijo que en los casos en que las concentraciones y protestas sean autorizadas, el permiso <<no es patente de corso para desobedecer a la autoridad>>.
Además, el representante de la Administración central precisó que se procedió a la apertura de un expediente sancionador a los dos individuos que identificó la Policía Nacional, en este caso, durante una concentración vecinal no autorizada celebrada el 3 de diciembre en uno de los accesos al recinto militar. <<Además de ser una concentración no legal, las dos personas llevaron a cabo actuaciones más allá de lo permitido>>, matizó.
Las movilizaciones vecinales contra el denominado perímetro de seguridad de la Brilat comenzaron a fraguarse al conocerse una resolución ministerial que delimitaba una franja de 300 metros de ancho alrededor del límite exterior del cuartel.
Jefe militar
Los enfrentamientos derivaron en la presencia del responsable de Infraestructura del Ministerio de Defensa en Pontevedra, quien mantuvo una reunión con los portavoces de las plataformas vecinales creadas como consecuencia de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado.
Al término del encuentro, llevado a cabo en la sede pontevedresa del departamento estatal que dirige Carme Chacón, los representantes de los afectados indicaron que Defensa se había comprometido a estudiar la posibilidad de acortar el perímetro de seguridad de la base.
La franja engulle a 160 viviendas y montes localizados en tres municipios, Pontevedra, Marín y Vilaboa. Los vecinos sostuvieron que el perímetro perjudica además a miles de personas, y en un principio ya habían anunciado la posibilidad de llevar a cabo actos de desobediencia civil.
El enfrentamiento también produjo la rotura entre dos de los colectivos afectados por la franja de seguridad. Concretamente, las distintas formas de pretender actuar para realizar medias de presión rompió el lazo de unión entre los comuneros de Salcedo y la asociación Héroes do Campo da Porta.
La lucha entre asociaciones se escenificó durante una rueda de prensa convocada conjuntamente por ambos colectivos.
Además de exigir la derogación del perímetro, los afectados piden que se suspendan todas las obras que la Brilat acomete en los montes de Salcedo, aunque los militares afirman que las ejecutan en su zona.
Enviado usando Real Mail de Vodafone.
0 comentarios:
Publicar un comentario